La ley antifraude entró en vigor el 11 de octubre de 2021 para combatir los software que llevan una contabilidad B, o lo que es lo mismo, las facturas sin declarar. El pasado 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este proyecto de medidas de Prevención y Luchas contra el fraude fiscal.

La finalidad de esta normativa es terminar con la doble contabilidad y la facturación que altera las transacciones realizadas. Por lo tanto, no se permitirá tener programas o sistemas informáticos que manipulen los datos contables y de gestión.

La ley antifraude lo que pretende es que las empresas adapten sus programas informáticos a esta nueva regulación, y que éstos estén debidamente certificados.

Esta ley perseguirá a aquellos empresarios y autónomos que tengan sistemas informáticos que no se ajusten a lo establecido. Esto quiere decir que el software de facturación o gestión contable debe garantizar la integridad, conservación, flexibilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros.

Por lo tanto, la tenencia de este tipo de programas es considerada como una infracción grave y está sujeta a multas de 50.000 euros por ejercicio.